Presidente de Diputados: «Hemos asumido priorizar economía, salud y educación»
El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, señala que el Órgano Legislativo asumió la política de priorizar la economía, salud y educación, y que por la situación económica se trabajan en normas de impacto a corto plazo.
En casi ocho meses de gestión se aprobaron pocas leyes estructurales, en su mayoría hay leyes declarativas o de transferencia, hay quienes ven una ALP poco efectiva. ¿Qué opina al respecto?
El trabajo de la ALP es importante en estos tiempos, porque la mayoría de los proyectos de ley están enfocados a garantizar el derecho a la vivienda, que es un mandato constitucional expresado en el artículo 19 de la CPE.
Asimismo, los proyectos de ley de carácter declarativo permiten fomentar el desarrollo del turismo y el comercio en todo el territorio boliviano; lo que equivale al 21% en materia legislativa. En nuestro trabajo legislativo el 15% ha ido en favor del desarrollo social por el tema de derecho propietario, beneficiando a familias; y un 27 % ha ido en favor del desarrollo económico, a fin de fomentar el turismo y comercio.
Hay que tener en cuenta que hemos tenido prioridades, estamos en un periodo de emergencia sanitaria y en el que, además, tenemos la herencia del desastre económico que el gobierno de facto dejó en Bolivia. En ese sentido, el trabajo legislativo se ha enmarcado en una política de austeridad, pero se prioriza la salud, la educación y la reactivación económica.
En el Presupuesto General del Estado se ha destinado el 10% a salud y 10% a educación. Se ha aprobado la Ley de Impuesto a las Grandes Fortunas, que afecta a quienes cuentan con más de 30 millones de dólares en su patrimonio, las que suman 132 personas. A fines de abril, la recaudación llegó a los 224,1 millones de bolivianos, más del doble de lo proyectado inicialmente.
¿Cuáles han sido los principales obstáculos para que se avance menos en leyes estructurales?
Primero, habría que definir qué se entiende por “leyes estructurales”. Puede ser simplemente una muletilla para descalificar una gestión o puede ser un concepto general que se refiera a leyes que serían la estructura o el sostén de algo. En ese sentido, nuestro marco legal estructural es la Constitución Política del Estado. Ninguna gestión legislativa puede hacer “leyes estructurales”; eso es tarea de una Asamblea Constituyente.
La CPE establece que la legislación esta desconcentrada en las regiones y que la estructura administrativa del Estado se compone de niveles de gobierno. Además, bajo el principio de subsidiariedad, los gobiernos autónomos adquieren la facultad de legislar en el ámbito de sus competencias, siendo que estos asuntos están inmersos a los servicios básicos, electrificación y obras públicas del ámbito subnacional. La ALP tiene como trabajo legislar sobre asuntos de interés nacional, dentro de las competencias del nivel central del Estado establecidas en el artículo 298 de la CPE.
La coyuntura política de la pandemia ha condicionado que el nivel central del Estado tenga que priorizar asuntos de prevención y contagio del Covid-19, además de promover las relaciones con países para la compra de vacunas y medicamentos. La situación económica de la región ha influido en que se proyecten normas que tengan connotación de impacto a corto plazo y regulen el acceso a la educación y salud.
En general, lo que hemos hecho es asumir una política de austeridad y priorizar tres aspectos: economía, salud y educación. Recordemos que la tasa de desempleo en el gobierno de facto fue del 11,6 %; en la actualidad, según datos del INE, esa tasa se bajó al 7,6 %. Esos son resultados concretos.
Respecto al rol fiscalizador, hay varios legisladores que afirman que el Ejecutivo no responde a sus peticiones de informe por meses, ¿cómo puede haber una fiscalización efectiva si es así?
Primero, esos “varios legisladores” deberían aclarar de qué forma han hecho esas peticiones, si las han enviado por alguna red social o siguieron el conducto regular, tenemos reglamentos en ambas cámaras.
Según el artículo 135 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las y los diputados podrán solicitar una petición de informe escrito (PIE) a las máximas autoridades ejecutivas (MAE) de instituciones públicas y a las autoridades de las universidades públicas. La Dirección de Archivos es la que se encarga del registro de estas peticiones y de sus respuestas recibidas. Estas respuestas deben remitirse a la cámara en el término máximo de diez días hábiles.
De no darse la respuesta, quien hace la petición puede solicitar en pleno que se entregue el informe en 48 horas. La votación de esta solicitud procede sin debate. Si quien hace la petición no queda conforme con el informe escrito, puede solicitar un informe ampliatorio, y si aún así lo encuentra insuficiente puede plantear una interpelación al ministro o ministra.
Bajo esas consideraciones, se debe tomar en cuenta que el 1 de junio de 2021 se realizó la primera interpelación un ministro en esta gestión, que en este caso recayó sobre el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima. La Asamblea recibió el informe de la autoridad y resolvió por el orden del día puro y simple, lo que significa que no fue interpelado, pero al responder a las consultas de los legisladores se llevó adelante el acto de fiscalización.
Además, cabe indicar que la fiscalización no comprende solo en recibir respuestas a peticiones de informe escrito, sino también a las peticiones de informe oral. En esta gestión legislativa se han realizado 21 peticiones de informes orales, de las cuales 11 han sido realizadas en las comisiones correspondientes, lo que equivale al 52% de respuesta. Las demás peticiones de informes orales se encuentran programadas conforme establecieron las comisiones.
¿Qué acciones de fiscalización ha planteado el oficialismo a las actuales autoridades?
El oficialismo, como acciones de fiscalización, planteó peticiones de informe escrito y oral realizadas en diferentes ámbitos: trabajo y seguridad laboral, con 34 solicitudes de petición de informes; Obras Públicas, 48; Economía y finanzas, 37; Planificación, 33; desarrollo rural, 34; salud y educación, 49
Cabe hacer notar que la bancada del MAS – IPSP en la Cámara de Diputados tiene el 46% de las peticiones de informe solicitadas al Órgano Ejecutivo. Las otras fuerzas políticas, tomadas de manera individual, están por debajo de la mitad en peticiones.
HOJA DE VIDA
- Dato Nació en 1974 en la población de Achiri (La Paz). Es profesor y fue ejecutivo de la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia.
- ALP Fue elegido como diputado plurinominal y asumió la presidencia de la Cámara de Diputados el 3 de noviembre de 2020.