Devolución de AFP: Más del 90% de aportes los tiene la banca y el Estado

De los más de 21.000 millones de dólares ahorrados por los trabajadores, apenas 300 millones de dólares están colocados en empresas de capital 100% boliviano. La Asamblea analiza incluso una devolución del 100%.

La promesa electoral del actual presidente Luis Arce Catacora de devolver al menos el 10% del monto ahorrado por cada asalariado en su cuenta previsional, está aún pendiente de cumplimiento. Al 31 de marzo de 2021, el total ahorrado en las AFP desde 1997 llega a 21.494 millones de dólares, aproximadamente el 50% del valor del PIB de Bolivia según los datos publicados por ambas empresas.

La semana pasada volvieron a verse presiones de algunos ahorristas exigiendo el retiro de sus aportes. Según la propuesta en debate en la Asamblea Legislativa, en el caso de ahorros que no superen los 100.000 bolivianos, podrían ser devueltos hasta el 100%, aunque esto supone una gran mayoría de los aportantes.

En los foros económicos se debate si esa promesa se podrá cumplir o no. La misma tuvo apoyos y rechazos. Los apoyos vinieron del lado de los aportantes golpeados por la crisis económica y de empleo que desde hace dos años se siente en varias regiones del país, agravada la pandemia de 2020. Los rechazos llegan desde el sector empresarial y de políticos opositores al MAS, como Samuel Doria Medina.

La arquitectura financiera

¿Dónde está el dinero ahorrado hasta hoy por los más de 2.450.863 ahorristas, según cifras oficiales? Los datos de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS), entidad fiscalizadora del sector de pensiones de Bolivia, son reveladores.

Según los reportes oficiales, la banca se sostiene, vía ventanillas y vía el Mercado de Valores, con el ahorro de los asalariados bolivianos y, mediante actores intermedios – como los fondos cerrados de inversión o las SAFI – que también son de su propiedad o en los que tiene mayoría accionaria, hace “rotar” el dinero entre sus empresas y negocios. De esa fuente, centenas de millones de dólares son “exportados” a países y empresas transnacionales.

Entre la banca y el sistema financiero bursátil (Bolsa de Valores), acaparan casi el 70% del ahorro previsional. El Estado boliviano, vía venta de bonos u otros instrumentos de deuda, se lleva un 25,5%. Ambos concentran más del 90% del dinero ahorrado por los trabajadores.

La arquitectura legal que permite esas transferencias de recursos se basa en la Ley de Pensiones No. 065 (2010) y la  Ley del Mercado de Valores (1998), más los reglamentos emitidos por los sucesivos gobiernos y la entidad reguladora (ASFI). Esas normas permiten un fluido e incesante “bombeo” del ahorro nacional hacia la banca y las empresas transnacionales asentadas en Bolivia, así como a las arcas del Tesoro General del Estado.

Las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Futuro de Bolivia y Previsión BBVA, que recaudan esos ahorros desde 1997, son el pivote central de esta distribución generosa de recursos hacia los beneficiarios citados.

El destino de los fondos

¿Qué destino exactamente tienen esos montos significativos – más de 20.000 millones de dólares – para la economía boliviana que tiene un PIB estimado en 40.000 millones de dólares?

Los Estados Financieros de los Fondos de Capitalización Individual de ambas AFP reportados por la APS tienen el detalle: en promedio, un 59% está depositado en la banca boliviana y otro casi 8% a Fondos de Inversión administrados por las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFIs), casi todas ellas de propiedad de los mismos bancos.

En suma, un 67% de esos recursos, en promedio, se vuelca al sector financiero bancario y no bancario.

Los bancos que reciben Depósitos a Plazo Fijo y otro tipo de entregas de las AFP son: Fassil, Bisa, Mercantil Santa Cruz, Banco Nacional de Bolivia, Banco de Crédito de Bolivia (de capitales peruanos), Banco Ganadero, Unión, Económico, Solidario FIE, Prodem, BDP SAM, Fortaleza, Ecofuturo y Comunidad. Se llevan más de $us.12.433 millones de dólares.

Por otro lado, un promedio del 6% (alrededor de $us.1.290 millones) de esa cartera de inversión va a empresas públicas y privadas en Bolivia, aunque en esta categoría figuran como beneficiarias otra vez empresas de propiedad de bancos, como el Bisa Leasing o BNB Leasing, así como empresas transnacionales que, en vez de traer capital fresco a la economía nacional, funcionan con el ahorro interno de fuente laboral.

Es el caso de Cobee (inglesa), Ferroviaria Oriental (Venezuela), Telecel (de la estadounidense Millicom), Soboce (Perú), Prolega (Argentina), Sinchi Huayra  e Illapa, del sector minero transnacional con capitales ingleses, Gravetal (de dudosa propiedad), y  hasta Transierra, de la que participa la española Repsol vía la petrolera Andina S.A. Las AFP de manera directa e indirecta, vía los Fondos de Inversión Cerrados que manejan las SAFIs, entregan dinero a esas empresas.

¿Ese ahorro sirve para financiar a empresas de capital boliviano? En suma, el porcentaje no llega ni al 1.5% – unos 300 millones de dólares – para empresarios e iniciativas cien por ciento bolivianas. Están repartidos a Fancesa, Droguería Inti, Aguai (industria sulcoalcoholera asentada en Santa Cruz), Avícola Sofía, Farmacias Chávez, Pilat (Parque Industrial Latinoamericano en Santa Cruz), Toyosa (importación de vehículos), Ovando S.A. (importación de vehículos), Nutrioil, de capitales cruceños en el sector agrícola industrial. Solo tres de ellas, como se ve, son del sector productivo. Las demás son comerciales que funcionan importando bienes de consumo o de uso.

El sector público utiliza en promedio, un 25% de los más de 21.494 millones de dólares de los FCI. El Tesoro General de Estado los capta para financiar su presupuesto anual vía bonos y cupones que emite.

En suma, para hacer posible la devolución de aportes a los ahorristas, tanto la banca como el sector financiero no bancario y el propio Tesoro General del Estado deberán devolver a las AFP parte del dinero de los trabajadores para que estas, a su vez, los devuelvan a sus propietarios. El escenario actual muestra un panorama complejo para que eso ocurra, considerando las obligaciones de Bolivia de devolver pronto (2022) el capital e intereses de los bonos soberanos, así como una necesidad de liquidez del sistema financiero. Diferentes expertos señalan que esta razón es la que explica el retraso en la aprobación del proyecto de ley propuesto por el entonces candidato Luis Arce Catacora a la Asamblea Plurinacional.

El contexto regional

La primera semana de este mes de junio de 2021, varios aportantes empezaron nuevamente medidas de presión para exigir la devolución prometida. El ciudadano Hernán Cabrera, en su cuenta Twitter, le recordó al gobierno que “en campaña prometió devolver los aportes a las AFP. Nuestro dinero lo tienen los bancos”, recordó.

En Chile se produjo una devolución parcial de aportes a las AFP y el candidato a la presidencia peruana, Pedro Castillo, prometió eliminar las AFP y sustituirlas por un Banco de los Trabajadores.

En Bolivia, el 10 de mayo pasado, Gonzalo Melgar, de 52 años, desempleado desde 2018, inició una marcha desde Santa Cruz a La Paz, exigiendo se cumpla la promesa de devolución de aportes cuyo tratamiento sigue estancado en la Asamblea Plurinacional. Melgar ya recorrió casi 300 de los 1.000 kilómetros que deberá cubrir hasta llegar a destino.

Las AFP, autorizadas a invertir fuera

Las AFP están autorizadas por la Ley de Pensiones No. 065, promulgada el año 2010 por el entonces presidente Evo Morales y el también ministro de Economía Luis Arce Catacora, que en su Artículo 143 (INVERSIONES EN EL EXTRANJERO), autoriza a ambas a prestar ese ahorro a empresas, países y bancos extranjeros hasta un 50% de cada Fondo administrado, unos 10.500 millones de dólares, cuando las reservas de divisas en efectivo de Bolivia según reporte del Banco Central de Bolivia apenas sumaron 2.137 millones de dólares a fin de abril, y los vencimientos de los bonos soberanos emitidos en los pasado años (1.000 millones de dólares), se producen el año 2022, en unos meses más, según la misma fuente.

Esa norma legal tuvo el “consenso” de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), encargada de defender las fuentes laborales de sus agremiados, y del valor de su salario.

Quién es quién en el negocio de la AFP

AFP FUTURO DE BOLIVIA: El 71,58% de la AFP Futuro de Bolivia es propiedad de Zurich South America Invest A.B., una empresa con sede en Stockholm, Stockholms län y controla desde el año 2001 esta AFP que, al 31 de marzo de 2021, administra una cartera de inversiones (el ahorro acumulado de los trabajadores desde 1997 a la fecha) de  $us.10.087 millones, un cuarto del PIB de Bolivia del pasado año, según la información de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS).

AFP PREVISIÓN BBVA: tiene como principal accionista al español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Éste, a su vez, tiene como uno de los principales accionistas a la inglesa Blackrock Inc. La cartera de inversiones que administra esta otra AFP suma 11.430 millones de dólares a marzo de 2021, o, equivalentemente, otro cuarto del PIB estimado de Bolivia. Estas dos AFPs, en consecuencia, gestionan el equivalente al 50% del PIB nacional.