Sube la presión para aprobar la ley de devolución de AFP
Los analistas reconocen la utilidad de la norma paralizada en la Asamblea para reactivar la economía, pero advierten de las dificultades de recuperar por las inversiones autorizadas.
La crisis aprieta a las familias y la presión se incrementa entre diferentes sectores. Ayer fue un grupo de trabajadores en Santa Cruz, articulado para pedir la devolución de aportes de las AFP, quienes dieron plazo de 48 horas al Gobierno para que viabilice el pedido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sobre el tratamiento del proyecto de ley que quedó en suspenso por falta de acuerdo entre los sectores interesados.
“Queremos la promulgación de la Ley de Devolución de Aportes”, demandaron los manifestantes que este viernes realizaron una vigilia en la Plaza 24 de septiembre.
Advirtieron con iniciar movilizaciones desde la próxima semana en caso de no ser atendidos por las autoridades. “Hemos visto que de un tiempo a esta parte el Gobierno central no muestra la voluntad política para dar solución a nuestro pedido”, dijo uno de los representantes.
A más de un año de haberse creado el Movimiento de Emergencia Nacional (MEN) para exigir la devolución de una parte de los aportes a las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP), los aportantes volvieron a salir a las calles para reiterar su pedido.
El debate
Los movilizados piden la devolución del 20 por ciento de los aportes para todos aquellos que tienen hasta 100.000 bolivianos, mientras que los que tengan de 100.001 bolivianos para arriba, solo podrían recuperar 20.000 bolivianos. “Así no habrá limitación ni discriminación en contra de nadie”, dijo en una anterior declaración, Yerko Orozco, dirigente en Santa Cruz.
El proyecto de ley en debate en la Asamblea es sin embargo más ambicioso: la propuesta inicial del proyecto de Ley 078 es que la devolución de los recursos jubilatorios sea de un 15% de las cuentas individuales de los aportantes que tengan un ahorro igual o menor a Bs 100 mil y la devolución del 100% de los aportes para aquellos que cuenten con menos de Bs 10.000 bolivianos en sus cuentas, siempre y cuando estos tengan más de 50 años de edad.
Orozco, además de elevar hasta el 20%, sostuvo que no se puede dejar de lado a aquellas personas que ya cobran una pensión de vejez, invalidez o cualquier pago o beneficio del Sistema Integral de Pensiones (SIP), o a los beneficiarios que se encuentren percibiendo un ingreso del sector público o privado, o marginar a quienes hubieran realizado aportes al SIP después de diciembre de 2019. En ese sentido, plantea que incluso quienes ya están cobrando su pensión jubilatoria puedan acceder al porcentaje.
Otro de los cambios planteados por el MEN es la entrega de créditos con bajas tasas de interés de hasta el 50% de los aportes en las cuentas previsionales, con la garantía del 50% restante. Los analistas señalan que eso se haría con intermediación bancaria, lo que, en sí, genera otro problema.
¿Dónde está el dinero?
Uno de los principales problemas del tratamiento de la Ley es que más del 90 por ciento de los recursos de las AFP ya están colocados tanto en la banca comercial como en el Tesoro General de la Nación. Es decir, la inmensa mayoría de los 21.000 millones de dólares ahorrados desde 1997 por los trabajadores son los que dan liquidez al sistema financiero y al Gobierno.
Los Estados Financieros de los Fondos de Capitalización Individual de ambas AFP reportados por la APS tienen el detalle: en promedio, un 59% está depositado en la banca boliviana y otro casi 8% a Fondos de Inversión administrados por las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFIs), casi todas ellas de propiedad de los mismos bancos.
Los bancos que reciben Depósitos a Plazo Fijo y otro tipo de entregas de las AFP son: Fassil, Bisa, Mercantil Santa Cruz, Banco Nacional de Bolivia, Banco de Crédito de Bolivia (de capitales peruanos), Banco Ganadero, Unión, Económico, Solidario FIE, Prodem, BDP SAM, Fortaleza, Ecofuturo y Comunidad. Se llevan más de 12.433 millones de dólares.
Por otro lado, un promedio del 6% (alrededor de $us.1.290 millones) de esa cartera de inversión va a empresas públicas y privadas en Bolivia, aunque en esta categoría figuran como beneficiarias otra vez empresas de propiedad de bancos, como el Bisa Leasing o BNB Leasing, así como empresas transnacionales que, en vez de traer capital fresco a la economía nacional, funcionan con el ahorro interno de fuente laboral.
Es el caso de Cobee (inglesa), Ferroviaria Oriental (Venezuela), Telecel (de la estadounidense Millicom), Soboce (Perú), Prolega (Argentina), Sinchi Huayra e Illapa, del sector minero transnacional con capitales ingleses, Gravetal (de dudosa propiedad), y hasta Transierra, de la que participa la española Repsol vía la petrolera Andina S.A. Las AFP de manera directa e indirecta, vía los Fondos de Inversión Cerrados que manejan las SAFIs, entregan dinero a esas empresas.
Los riesgos del sistema financiero con la ley
Devolver un 20 por ciento en promedio de los ahorros de las AFP supondría restar del sistema unos 4.200 millones de dólares, pero la cuestión es de dónde restar.
De los más de 21.000 millones de dólares, de forma directa, solo hay unos 300 millones de dólares invertidos en empresas productivas 100% nacionales.
El TGN, señalan los reportes, no ha podido colocar los 3.000 millones de dólares programados en bonos del tesoro por los altos intereses exigidos, mientras que la banca comercial ha incrementado sus inversiones en el extranjero y reducido crédito de vivienda social y productivos. Además, las SAFI, controladas por los mismos bancos, tienen inversiones en bolsa y en el extranjero de difícil recuperación inmediata.