Frontera Bolivia-Chile: los “zorros andinos” acechan a los migrantes
Decenas y decenas de extranjeros llegan hasta las áridas tierras de Pisiga, en Oruro. Después de haber recorrido miles de kilómetros creen que éste será el último obstáculo que pasarán para llegar a Chile y tener una nueva vida, con más oportunidades.
Migrantes venezolanos caminan en las afueras de Pisiga (Bolivia) rumbo a Colchane (Chile), el 24 de marzo de 2022.
En su mayoría, son venezolanos, colombianos y haitianos, aunque también hay bolivianos que buscan cruzar la frontera en busca de trabajo.
En algunos casos están solos, pero en otros son familias enteras que decidieron dejar todo y emprender el viaje. La frontera chilena está cerrada hace más de un año por la pandemia de Covid-19, sin embargo, desde febrero de 2022 el vecino país endureció su ley migratoria e implementó un estado de excepción con el despliegue militar en las provincias del norte que colindan con la frontera boliviana y peruana.
El estado de excepción se levantó hace tres días, pero el patrullaje policial-militar en el límite territorial se mantiene. La medida aplicada por el gobierno chileno fue justificada por el incremento de la inseguridad en las provincias del norte de ese país; pese a ello, esta restricción no detuvo la ola migratoria que ya se vive hace varios años, pero sí aumentó la trata de personas.
Según las autoridades de Chile, el flujo migratorio irregular que experimentó un crecimiento durante 2021 con picos en febrero, octubre y en febrero de 2022, provocó un incremento de la violencia en varias ciudades limítrofes con Bolivia, siendo Iquique, Arica y Colchane las que exhiben un panorama más tenso.
El negocio de la trata
Si entre México y Estados Unidos están los “coyotes” -los traficantes de gente que conducen a grupos de personas para que crucen la frontera entre ambos países de forma ilegal a cambio de mucho dinero-, en nuestros límites territoriales tenemos algo similar, pero son denominados “zorros andinos” o “trocheros”.
Son organizaciones criminales que lucran con la vida de los migrantes ofreciendo ingreso por pasos ilegales, sin requisitos por solo unos pesos, pero en muchos casos las personas que acceden terminan abandonadas en la pampa, asaltadas y ultrajadas.
Así lo constata una publicación del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de El Alto, quien hizo recorrido por Pisiga del lado boliviano el pasado 19 de marzo.
“A las 4 de la tarde, aproximadamente, en la frontera empezaron a reunirse migrantes venezolanos y personas bolivianas (la mayoría de Santa Cruz), pero la guardia chilena ya no dejaba pasar ni a unos ni a otros. Al otro lado, en territorio boliviano, también los militares bolivianos hacían su trabajo”, señala una parte de su crónica denominada “Los múltiples rostros de la migración chilena”.
Continúa: “En este panorama se podía identificar con relativa facilidad el ‘trabajo’ que realizan los ‘guías’ o ‘zorros andinos’ (como los llamamos, porque tienen una función similar a los “coyotes” de la frontera en Norteamérica), ellos se acercaban a las personas y les ofrecían sus servicios a cambio de Bs 100 ($ 14 aproximadamente)”.
Gloria Plata, abogada de SJM, señala que en los primeros viajes que ella hizo determinó que estas personas se dedicaban a esta actividad de forma clandestina, en lugares no específicos, pero en su última visita a Pisiga “apenas bajamos de los minibuses inmediatamente los ‘zorros andinos’ se te acercan y te preguntan: ¿a dónde quieres ir? ¿Quieres ir a Santiago? Te cuesta 50 bolivianos por persona y esperamos hasta 7 de la noche para pasar al otro lado”.
Para ella los traficantes ven a las personas como mercancías sin importar sin son niños o de la tercera edad. “Se aprovechan de su desesperación y los abordan, la mayoría (de los ‘zorros andinos’) son del lugar y les dicen: ‘Yo les llevo por 50 bolivianos por cada persona, les hago ingresar a partir de la 7 de la noche. Yo sé un punto (de ingreso ilegal), yo les voy a llevar’, pero también los abandonan en plena pampa”.
Varias opciones
Wil, un joven venezolano de 18 años, que salió de su país en busca de una mejor vida estuvo en Ecuador y Perú, pero decidió seguir y llegar a Chile. Para cruzar la frontera asegura que los “zorros andinos” ofrecen varias opciones.
“Estuve allí (…) estudiando cuál opción era la mejor, si el paso por donde pasaban drogas, y allí de una vez dije que no. Está el (paso) común, pero tenía que esperar que anocheciera y pasar normal, pero siempre están los carabineros (…) y está el desierto”, contó.
Entonces, decidió ir por el desierto. “Uno pasa igualmente las zanjas que abrió el gobierno chileno, son profundas, pero hay trocheros (zorros o coyotes) que tienen sus caminos fáciles, pero de igual manera es difícil cuando no se va solo”, contó.
Al igual que Gloria, Wil dice que hay muchos zorros ofreciendo servicios para el pase, “desde 100 bolivianos hasta ufff…”.
Los “zorros andinos” no siempre son bolivianos porque su “trabajo” ya empieza en la frontera con Perú o incluso en los países de origen de los migrantes. Se trata de organizaciones trasnacionales estructuradas, porque unos se encargan de reclutar a sus víctimas, otros de cobrar, otros de transportarlos y otros de guiarlos en las caminatas por el desierto.
“El año pasado nosotros ya habíamos advertido que el tráfico de migrantes estaba viniendo ya desde Venezuela. Los captan en Venezuela, les dicen que 900 dólares les va a costar llegar hasta Santiago, pero llegan hasta un punto fronterizo, por decir, a Perú y le dicen me tienes que aumentar en cada punto y ya no son 900, sino 2 mil dólares que les cobran por persona”, dice la abogada del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).
Gloria cuenta que también hay traficantes que los abordan en Desaguadero-Perú o Desaguadero-Bolivia para llevarlos de forma directa hasta Pisiga y desde ahí hacen un transbordo hasta Santiago. Así como operan.
Pisiga, una población de no más de 718 habitantes, está ubicada a 234 kilómetros de la ciudad de Oruro. De acuerdo con algunos testimonios, se convirtió en un lugar “clave” para coordinar el ingreso por pasos ilegales.
Por eso, incluso las mismas organizaciones criminales ofertan a través de las redes sociales el transporte a Chile desde Bolivia sin ningún documento ni prueba de PCR o vacunas contra al Covid. Lo único que piden es el pago del pasaje y llegar hasta Pisiga.
“El valor es de 80 (pesos) por persona, llegamos hasta Iquique. Si quieres llegar hasta Colchane tenemos disponibles unos furgones en Pozo Almonte que te cobran 10 mil (pesos) y te dejan en Colchane”, respondió mediante WhatsApp uno de los contactos de las ofertas en internet.
Si bien existe un puesto policial, el tráfico de personas en Pisiga parece invisible a los ojos de los uniformados. Del lado boliviano militares hacen el patrullaje, aunque sea un número reducido, pero su misión es luchar contra el contrabando.
Chile y Bolivia buscan soluciones
En febrero de este año, los Gobiernos de Bolivia y Chile anunciaron la instalación de una mesa de trabajo ministerial conjunta para abordar varias cuestiones de interés, entre los que sobresalen los relacionados con la migración y el contrabando.
Ambos países resaltaron la importancia de abordar estos temas, pero hasta el momento no han fijado una fecha oficial para iniciar el trabajo.
Chile termina el estado de excepción en el norte
El viernes 15 de abril se pone fin al Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Macrozona Norte.
La medida fue impulsada en su momento por el gobierno del ahora expresidente Sebastián Piñera y que comenzó a regir en febrero de este 2022, tras una grave alteración del orden público en las provincias de Arica y Parinacota (excluyendo el radio urbano de la ciudad de Arica) y las provincias de Tamarugal y de El Loa (exceptuando el radio urbano de la ciudad de Calama).
A pesar del término, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que se mantendrá vigente el decreto 265, el cual permite mantener a personal policial y militar, por lo que “el control de la frontera se va a ver absolutamente inalterado”.
“Efectivamente el 16 de abril termina el estado de excepción, pero va a entrar a regir el Decreto 265, que es un decreto que emite el Ministerio del Interior y que permite mantener el apoyo de las Fuerzas Armadas para tareas que las policías hacen en el control fronterizo”, detalló al respecto el subsecretario.