Seis abogados y un administrador de empresas disputarán el cargo de Defensor del Pueblo ante el pleno de la ALP
Seis abogados y un administrador de empresas disputarán el cargo de Defensor del Pueblo ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en la última etapa del proceso de elección establecido en el reglamento de la convocatoria para la designación de esa autoridad.
Se trata de los abogados Pedro Francisco Callisaya Aro, Luisa Antonia Chipana Ubaras, Evelin Patricia Cossío Márquez, Rubén Julio Estrada Candía, Ramiro Leonardo Iquise Pally y Porfirio Machado Gisbert y la administradora de empresas Claudia Andrea Calvo Campos.
Esta jornada, la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral ratificó esa lista de postulantes aprobados y aprobó el informe conclusivo y las firmas de la resolución correspondientes.
“Son los siete postulantes que están en la fase final de la Asamblea Legislativa (Plurinacional), en esta instancia se va a designar al Defensor o Defensora del Pueblo”, dijo el presidente de esa Comisión Mixta, Rubén Gutiérrez a los periodistas.
La Comisión Mixta de Constitución concluyó con la fase de preselección encomendada por la ALP, en apego a la Constitución Política del Estado y la Ley 870, y, por ende, a la convocatoria y reglamento aprobados, en los que se ha enmarcado desde el inicio del proceso.
En esa línea, Gutiérrez destacó que el concurso público, al que inicialmente se adscribieron 198 postulantes, ha sido participativo, meritocrático y transparente.
“La legitimidad de este proceso de preselección está garantizada a partir de un informe que hace mención a todos los actuados, a través de los veedores y observadores”, puntualizó.
Entre hoy jueves y mañana viernes, la Comisión Mixta remitirá a la Vicepresidencia del Estado el informe conclusivo, para que a partir del mismo se convoque la semana próxima a sesión en el pleno de la ALP.
La previsión es tener entre el 3 y 6 de mayo al nuevo Defensor o Defensora del Pueblo, autoridad que una vez asumida el cargo ejercerá por un período de seis años sin derecho a reelección, de acuerdo a la Carta Magna.